Tendría serías repercusiones.
Un polémico proyecto de ley que reforma la ley de delincuencia organizada sería inconstitucional y además generaría gastos al Estado.
El expediente 23.090, el cual reforma la Ley de Delincuencia Organizada para fortalecer los tribunales especializados que investigan delitos relacionados con bandas criminales.
Pero en el análisis del expediente se deriva qué se pretende crear una norma que sea
retroactiva que afecte los derechos individuales de las personas, mucho menos pensando en el
derecho penal.
Esa norma trae una redacción que permite de alguna manera hacer retroactivo todo lo que sucedió de 2019 a la fecha.
Es decir, desde que se derogó el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado se ha venido ejecutando jurisdicción de crimen organizado fuera de todo trámite porque el artículo ya estaba derogado.
En los términos más simples, se pretende aplicar una ley del 2019 que ya no está vigente.