3 Proyectos de seguridad avanzan en Costa Rica

Michael Rodriguez, 27 de febrero, 2025.

San José, Costa Rica – A menos de un año para el fin de la actual administración, Costa Rica sigue a la espera de una estrategia clara y efectiva en materia de seguridad. Durante los últimos tres años, el país ha sido testigo de un preocupante aumento en los índices de criminalidad, con un crimen organizado cada vez más fortalecido y una ola de violencia que ha impactado a comunidades de todo el territorio nacional.

Ante este panorama, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial han tomado un rol protagónico en la búsqueda de soluciones con la promoción de tres proyectos de ley que buscan atacar de manera más eficiente el narcotráfico y el crimen organizado. Estas iniciativas incluyen la reforma del Código Procesal Penal, el fortalecimiento de la prisión preventiva en delitos que atenten contra la seguridad ciudadana, y un proyecto de ley sobre ejecución de la pena.

El primer proyecto busca reformar el Código Procesal Penal para agilizar los procesos judiciales y cerrar vacíos legales que actualmente permiten que el crimen organizado opere con impunidad.

El segundo, pretende fortalecer la prisión preventiva en delitos que representan una amenaza directa a la seguridad ciudadana, evitando que criminales peligrosos queden en libertad mientras enfrentan procesos judiciales.

Finalmente, el tercer proyecto, sobre ejecución de la pena, busca optimizar el cumplimiento de sentencias para que las penas impuestas tengan un efecto real y disuasorio en el combate a la delincuencia.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, ha expresado su interés en que estos proyectos sean aprobados lo antes posible, con la meta de que el expediente sea votado el próximo 1 de mayo de 2025.

Sin embargo, la pregunta sigue latente: ¿por qué ha tomado tres años de gobierno para que estas medidas comiencen a avanzar?

Mientras el país sigue a la espera de una dirección clara en materia de seguridad, el crimen organizado continúa expandiéndose, desafiando la capacidad del Estado para enfrentarlo. La aprobación de estos proyectos representa un paso necesario, pero no suficiente, en la urgente tarea de devolverle la seguridad a los ciudadanos. La expectativa ahora recae en el Poder Ejecutivo y Legislativo para ver si, finalmente, Costa Rica contará con herramientas legales más robustas para frenar la criminalidad.